El deterioro del mercado laboral se observa cuando los índices de informalidad crecen. En el caso de Tucumán, el comportamiento de la tasa de empleo no registrado ha dejado una estela de inquietud porque, necesariamente, eso golpea luego en los índices de pobreza y de indigencia. Los datos difundidos por la Dirección de Estadística de la Provincia dan cuenta que más de la mitad de los asalariados que residen en el Gran Tucumán-Tafí Viejo está en negro. Para dar mayor exactitud, ese flagelo ha golpeado al 51,8% de los asalariados, un porcentaje que no se observaba en el distrito desde hace 18 años, cuando la tasa de informalidad laboral trepó al 52,4%.
Con ese resultado, alrededor de 151.000 personas se desempeñan por un salario que, en la mayoría de los casos, es un 40% inferior al de un empleado registrado por sus empleadores. Pero, además, esos trabajadores no tienen expectativas de que en el futuro se les reconozca una jubilación, mucho menos gozar en el presente de la cobertura de una obra social.
Ni el salario registrado ni el no registrado ha podido ganarle a la inflación durante 2023. Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los primeros han crecido en ese período un promedio del 159,5%. En esa carrera, le ganó por varios cuerpos a las remuneraciones informales que subieron, también en promedio, un 115,3% contra un Índice de Precios al Consumidor que se disparó al 211,4% en el acumulado para el año pasado.
La ausencia de paritarias y una mayor cantidad de potenciales trabajadores ante la necesidad de apuntalar los ingresos familiares dará espacio para que el sector informal absorba la mayor parte del ajuste salarial. En un escenario en donde la ayuda social estará condicionada con los objetivos fiscales del Gobierno, es probable que las dificultades no tarden en aparecer para esta parte de la sociedad, advierte Ecolatina.
Dentro de la población ocupada a nivel nacional, el 73,7% son asalariados –de ellos, el 35,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir que está en negro–, mientras que el 22,6% trabajan por cuenta propia, el 3,4% son patrones y el 0,3% son trabajadores familiares sin remuneración, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Para el caso del Gran Tucumán-Tafí Viejo, el trabajo no registrado se profundizó por cuestiones multicausales. Por un lado, los empresarios esgrimen un alto costo impositivo para registrar trabajadores en una economía en la que la informalidad alcanza al 40% de la actividad, según las estimaciones privadas. Esa situación causa que el salario decaiga a niveles mínimos. Por otra parte, una masa de empleados prefieren emplearse en la informalidad para conservar uno que otro beneficio social del Estado. De esa forma, incrementa sus ingresos mensuales.
La profundidad del problema evidencia que, en la comparación respecto del cierre de 2022, alrededor de 16.000 personas se haya sumado al ejército de trabajadores en negro en el área metropolitana tucumana.
Los 151.000 empleados no registrados en el principal aglomerado provincial superan al total de agentes del sector público tucumano (unos 120.000 puestos), y prácticamente alcanzan la cifra de empleados privados registrados en territorio provincial (hasta noviembre pasado, último dato disponible, llegaban a 155.000 casos).